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La Defensoría del Pueblo intervino formalmente ante el Consejo de Estado para respaldar el decreto que establece el salario mínimo de 2026, subrayando que su alcance trasciende los cálculos económicos y se inscribe en la garantía de derechos humanos. El pronunciamiento busca que el alto tribunal mantenga en firme la norma y reconozca que el piso salarial es un instrumento de protección social, no solo un resultado de fórmulas técnicas.Contexto de la intervención y enfoque de derechosLa participación de la Defensoría del Pueblo ante el Consejo de Estado se produce en un momento en el que la discusión pública sobre…
