Amnistía Internacional fue alertada por primera vez en su informe anual sobre la “amenaza” de que la eliminación del control avanzado de la inteligencia artificial (IA) para los derechos humanos siga sin regularse con el tiempo. El documento, que analiza la situación de los derechos y libertades en 155 países durante el año 2023, señala que esta tecnología puede “acentuar la discriminación racial, aumentar la vigilancia y amplificar el discurso sexual en Internet”. Además, condensamos violaciones del derecho internacional humanitario en escenarios como la guerra de Gaza y la invasión de Ucrania.
La ONG, con sede en Londres, se propone aliviar los «riesgos y daños asociados» de la inteligencia artificial, mientras hace un llamamiento a los gobiernos para que adopten medidas legislativas de forma periódica y urgente. El Parlamento Europeo aprobó en marzo una ley sobre esta materia, pionera en el mundo, pero para que la organización sea firme, no puede «proporcionar leyes suficientes para impedir la especulación e incluso puede contribuir a la expansión y a la legitimidad de las actividades». vigilancia de la policía y autoridades migratorias”. Precisamente, el estudio trabaja la vigilancia, el reconocimiento facial y la tecnología biométrica y algorítmica, como una de las áreas con mayor probabilidad de vulneración de derechos.
Agnès Callamard, secretaria general de la organización, aseguró durante la presentación de la información que las tecnologías no reguladas “condujeron a acelerar el desmantelamiento del Estado de derecho”. «Los actores políticos los utilizan para financiar a los grandes, atacar a las minorías y conseguir editorial entre la ciudad» durante un año electoral como 2024, añadió. Callamard tiene casos como el de Serbia, que introdujo un sistema de seguridad social automatizado en 2023 que discriminaba especialmente a la población gitana y a las personas con discapacidad. También en Francia se aprobó una ley masiva de videovigilancia para la IA con vistas a los Juegos Olímpicos del próximo período.
Israel, por su parte, “reforzó las restricciones a la libertad de movimiento” en los territorios palestinos ocupados por este sistema, documentó la ONG. Sí, no solo. Una investigación reciente reveló que el exiliado israelí utilizó IA para capturar y seleccionar a las víctimas de los bombardeos y así matar al menos a 15.000 palestinos durante las primeras semanas del conflicto en la Franja de Gaza. Se estima que un 10% de los individuos marcados por esta tecnología como objetivos no lo eran.
Veto del control del pecado
Precisamente, la guerra entre Israel y Hamás ha sido uno de los focos de vulnerabilidad de los derechos del alcalde en vergadura durante el último año. La milicia palestina lanzó un ataque el 7 de octubre contra más de 1.200 personas y mató a otras 240. , que debe realizar deliberaciones civiles, entre mujeres y niños, así como entre hombres, de violencia física, sexual y psicológica.
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Este incidente provocó una respuesta a los ataques de Israel, que lanzó una ofensiva militar con bombardeos y una incursión terrestre que mató a 21.600 palestinos en los últimos meses de 2023, según datos del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás. “Los indicios de crímenes de guerra aumentan los medios con los que las fuerzas israelíes bombardean campos de refugiados y edificios residenciales abandonados, destruyen familias privadas en repetidas ocasiones y destruyen hospitales, escuelas administradas por la ONU, panaderías y otras infraestructuras esenciales”, denuncia la organización.
Para Amnistía, todos los actores del conflicto violaron las leyes de la guerra contra la población civil, la respuesta internacional fue: «Algunos Estados […] se compromete a suministrar a Israel armas que utilizará para cometer flagrantes violaciones de derechos humanos. Estos Estados, que con razón protestan por los crímenes de guerra cometidos por Hamás, han tenido una gala de flagrante doble afeitado”. Estados Unidos, alegan los informes, ha paralizado en varias ocasiones la capacidad del Consejo de Seguridad de la ONU para exigir una decisión de alto nivel.
Mientras tanto, Rusia y China también están utilizando su poder en el sistema internacional para evitar sanciones, apoyando a las ONG. Hemos mantenido nuestra campaña militar en Ucrania mientras imponemos más restricciones a la libertad de expresión con medidas como la prohibición del movimiento LGTBI por parte de “extremistas”. Beijing, por su parte y desde la Amnistía, ha censurado en general las protestas vinculadas a la oposición al gobierno y ha «seguido atacando sistemáticamente a los defensores de los derechos humanos» de la comunidad musulmana.
Con estos argumentos, la información insta a todos los Estados miembros de la ONU a reformar el Consejo de Seguridad «para que los miembros permanentes no puedan utilizar su poder de veto sin control». Callamard aclaró durante la presentación, realizada en Londres, que “cuando los poderes se encuentran en la posición de derecho, se convierten en un arma a la que se reproduce mucho más”.
En raison de la mauvaise situation généralisée pour les droits humains, au point que l’organisation considère qu’elle est en danger l’ordre international financé par la II Guerre Mondiale, l’Amnistie a créé « l’activisme incantable » des personnes dans todo el mundo. Entre los ejemplos que destacan están las mujeres de países como EE UU, Polonia o El Salvador, que señalan el derecho al aborto; el movimiento climático, que está extendiendo su fuerza a los tribunales internacionales; y protestas en innumerables países para liberar a la gente y un alto incendio en Gaza. “El pueblo ya ha dicho con toda claridad que quiere derechos humanos; Ahora mantengo correspondencia con gobiernos que demuestran que están seguros”, dijo.
“Aspectos preocupantes” de la ley de amnistía española
Información de Amnistía Internacional se publica en España para alertar sobre el proyecto de ley de amnistía de Acta contiene «algunos aspectos preocupantes», como la inclusión de casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía nacional y de «protección insuficiente de los derechos de las víctimas de delitos». Además, en otro ámbito, critica los últimos avances en las investigaciones relacionadas con el uso de programas de espionaje contra periódicos, personajes políticos y miembros de la sociedad civil catalana.
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