Chile reclama propiedad de derechos y se ajusta a la Constitución Nacional bajo la dictadura de Pinochet

Chile ha dicho No a la nueva Constitución propuesta redactada por un Consejo Constitucional dominado por los derechos. Con el 96% escaneado, la opción en contraposición Me cambié a la alternativa un favor por un 55% contra un 44% durante el plebiscito constitucional de este país, con una participación del 83%. Lo más probable es que el resultado sea juzgado por las investigaciones que se llevaron a cabo en 15 días, antes de fijar el plazo para ver nuevas investigaciones. Pero había una carrera abierta, en parte porque la obligación del voto eran los nuevos electores que estaban inseguros sobre los resultados y porque, de hecho, en las urnas había una tendencia hacia otra opción. un favor. Durante cuatro años de proceso constituyente, Chile nació al mismo tiempo, en noviembre de 2019, cuando el mundo político propuso a la sociedad modificar la Constitución para fortalecer el Estado social por la vía institucional. Y con la Carta de Vigor de 1980, según la dictadura de Augusto Pinochet, han habido 70 reformas desde la transición.

El país sudamericano batió el récord mundial de redacción bajo las propuestas de la Constitución, incluso la anterior, acordada hace un año, fue escrita sobre todo por convención propia. En el plebiscito de este domingo, Chile tendrá cuatro años de proceso constituyente. Lo escuché, como un ejemplo de civismo: mesas de votación instaladas a tiempo, millones de personas esperando poder acudir tranquilamente a votar, votos rápidos, líderes políticos con actividad estatal y servicio electoral que respeta a todos y entra rápidamente en el resultados. Sobre el papel, dos opciones: un favoren contraposición de un texto que había sido redactado por un Consejo Constitucional dominado por la derecha, fundamentalmente por el conservador Partido Republicano, formación cercana a Vox. Estas personas tuvieron que conformarse con la elección «entre algo malo y algo doloroso», como expresó la socialista Michelle Bachelet, presidenta de Chile en dos ocasiones, para votar por la mañana. Es porque este bloque solicitó la titularidad y la preferencia, paradójicamente, de mantener la Constitución que da los datos del dictado.

No hay victoria de una victoria del gobernador de Gabriel Boric, de izquierdas, que estaba para rechazar la propuesta. En opción en contraposición estaba el oficialismo, pero también sectores de centroizquierda que no forman parte del gobierno y tienen alianzas ultra, que son apoyadas por la derecha al Partido Republicano. Pero fue un plebiscito el que dio vida a la Casa de la Moneda, porque un resultado contrario provocó una debacle. El ejecutivo y sus partidos no son celebrados, pero sí reconocidos aliviados.

La opinión es acertada, sobre todo, en los derechos. Perdió, pero sobre todo el Partido Republicano, la extrema derecha liderada por José Antonio Kast, quien lideró el proceso constitucional, es decir que esta formación nunca se hace para cambiar la Constitución con fuerza. Ante el resultado –una diferencia de más de 10 puntos entre las distintas opciones– el derecho tradicional exigirá un cambio de hegemonía y tendrá que recuperar su espacio. “Reconocemos la derrota con claridad y humildad”, le dijo a Kast el domingo por la noche.

Por el contrario, el texto radicalizó el proyecto neoliberal de 1980 y presentó los valores alejados de la secularización y el sentimiento común de la sociedad chilena actual. “Esta es la razón del avance de Chile en la igualdad y no discriminación contra las mujeres”, aseguró la abogada Macarena Sáez, directora ejecutiva de la división de derechos de las mujeres de Human Rights Watch (HRW). Para los defensores del texto, en cambio, la propuesta no era “una Constitución de derecho”, como decía periódicamente uno de sus artífices, el constitucionalista Jorge Barrera, jefe de los asesores republicanos. Sin mayores diferencias con la Constitución Vigente, existe una cláusula que consiste en garantizar que los bienes básicos en materia de salud, educación y jubilación sean financiados mediante anualidades generales, pero asegurar una prestación mixta, al prever la existencia de un sistema estatal y otros los privados.

Serán cuatro años de proceso. Esta etapa comenzó con los hechos de noviembre de 2019, cuando la clase política propuso a la ciudad una ruta para modificar la Constitución. Hoy no está claro que los problemas del país se originen en ello. Parecería que, como hizo el sociólogo Eugenio Tironi, es preferible emprender un plan de reforma socioeconómica más modesto antes de embarcarse en la reforma del texto constitucional. Era entonces el día del pueblo del Estado social que podía oponerse a los órganos únicos del gobierno conservador de Sebastián Piñera, sino por la democracia. Hubo protestas masivas con diversas demandas y niveles de violencia sin precedentes.

No más intenciones

Con el plebiscito de este país, se concretaron las intenciones de Chile de modificar la Constitución. “Si este es el resultado, el proceso constituyente se cierra”, aseguró sobre el voto la portavoz del gobierno de Gabriel Boric, Camila Vallejo, activista comunista. En esta misma línea, la alcaldesa de derecha Evelyn Matthei, quien encabeza el municipio de Providencia, uno de los más acogidos de Santiago de Chile. “La única esperanza es que finalmente estemos listos para llegar a tiempo”, aseguró Matthei, principal representante del derecho tradicional para las elecciones presidenciales de 2025. En estos cómics, había un fuerte competidor de la extrema derecha, el líder de del Partido Republicano, José Antonio. Kast, quien vio por primera vez a Boric en 2021.

En Chile se vistieron fatiga constitucional para explicar el convencimiento de los electores, que mostraron la mayor indiferencia ante esta segunda intención de modificar la Constitución. La masiva competencia en las urnas se explica, sobre todo, por la obligación de votar, aplazada el año pasado. Las preocupaciones de los chilenos son otras emergencias que no se pueden resolver con una nueva carta.

Hay una crisis de seguridad que afecta a los más pobres. En cinco años, Chile sufrió una carga de homicidios por cada 100.000 habitantes aproximadamente de 4,5 a 6,7. Si en 2018 hubo 845 asesinatos, en 2022 serán 1.322, según datos oficiales. La comunidad chilena tiene un nivel históricamente bajo, según la Fundación Paz Ciudadana. La economía no ha visto la luz en más de una década, la educación en las escuelas públicas no ha vendido la crisis que se manifestó hace unos 20 años, durante las protestas de 2006, cuando el sistema de salud privado enfrenta serios problemas que podrían llevarlo a un colapso. detener. público a un desastre. Fue allí donde mostró al presidente Boric que votaría en su natal Punta Arenas, en el extremo del país: «Independientemente del resultado del plebiscito, trabajaremos por las prioridades de la población», afirmó. El Gobierno se viene desarrollando desde hace más de dos años, hasta marzo de 2026.

Como todo plebiscito, también está polarizado en el país. Ejerce las funciones de presidentes. Mientras tanto, Bachelet y Lagos se opusieron al demócrata Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) y al conservador Sebastián Piñera, presidente de Chile en dos ocasiones (2010-2014 y 2018-2022), quienes votaron a favor. “Espero que tengamos la oportunidad de aprobar una Constitución en democracia”, dijo Piñera.

Pero en este momento está en juego la estabilidad de Chile y la solidez de su democracia, que, sin embargo, enfrenta múltiples desafíos, como la gran inseguridad de la población hacia la política y las instituciones como los partidos, el Congreso y el gobierno.

A partir de este mes, Chile comenzará a sacar lecciones. Alfredo Sepúlveda, editor y académico de la Universidad Diego Portales (UDP), cree que este proceso ha declarado «a todos hay un crash por donde se le mire». “Desde 2019, violencia y pandemia intermedia, el país por sí solo ha bajado en todos los índices económicos y sociales” y, en consecuencia, “ni el texto existente ni el proyecto representan un pacto social real, amplio y consensuado, que es el que el que se sustenta en un principio y el único que tiene un sentimiento”. Sin embargo, el autor especializado en historia de Chile reconoce que el país «se sustenta en una tradición democrática no escrita, que implica la preservación de instituciones, hábitos y costumbres (la Presidencia de la República, el bicameralismo, las libertades públicas, el recorrido pacífico del poder). ) que constituye una especie de derecho común tácito”, escribe en EL PAÍS.

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