RResponder al desafío del cambio climático exige una acción decidida por parte de todos los actores económicos, públicos y privados, productores y consumidores por igual. Deben ser parte de un marco coordinado y vigoroso, a nivel nacional por supuesto, pero también a nivel internacional.
Contrariamente a estos imperativos, es por el contrario la inacción y la confusión las que amenazan hoy. Muy pocos países pueden afirmar haber tomado medidas acordes con sus contribuciones anunciadas en virtud del Acuerdo de París de 2015, y menos aún proporcionales al objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C, o incluso a 2 °C.
Además, las iniciativas importantes rara vez forman parte de un marco cooperativo, aunque son las únicas que garantizan la coherencia general. Como resultado, la inacción alimenta las tensiones, cada beneficiario reprocha a sus socios la insuficiencia de sus esfuerzos; la falta de coordinación, a su vez, socava la acción, al reducir tanto su eficacia como su legitimidad (¿por qué aceptar restricciones si se tiene la impresión de ser el único que lo hace?).
El reto de la economía política
El multilateralismo, es decir, la organización de las relaciones internacionales sobre la base de reglas comunes, es fundamental para salir de este círculo vicioso, siempre que sea retribuido de acuerdo con este objetivo. Debido a que el tiempo es corto y el ritmo multilateral se establece y se basa en compromisos que a menudo se basan en el mínimo común denominador, se debe dar prioridad a las políticas internas.
La tarea ya es considerable, pues la lucha contra el calentamiento global supone cuestionamientos –modelos de consumo y producción, posiciones sociales e industriales–, al tiempo que requiere encontrar los recursos necesarios para esta gran transformación. El desafío más apremiante en la lucha por el clima es, por lo tanto, uno de economía política: para evitar la inacción, primero debemos crear alianzas climáticas internas.
La interesante posición de la administración estadounidense
Esto es lo que logró la administración de Joe Biden al lograr que el Congreso aprobara la Ley de Reducción de la Inflación en agosto de 2022. Este ejemplo es instructivo, porque es condicionando el apoyo público a la transición ecológica a cláusulas de contenido local, claramente contrarias a los compromisos multilaterales de los Estados Unidos, que se ha formado una coalición entre ambientalistas, empleados e industriales.
Eran posibles otras soluciones, que habrían conciliado mejor la iniciativa estadounidense con la coordinación internacional. Pero siendo las tensiones políticas internas las que son, ¿quién puede decir que fueran alcanzables en un tiempo razonable? Esta ley está abierta a críticas en muchos aspectos y su estructura hace que los europeos teman sufrir una competencia desleal en las industrias más afectadas por estos subsidios a la descarbonización.
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