Han pasado 7 años desde que Carl se hizo cargo de una casa.

Han pasado 7 años desde que Carl se hizo cargo de una casa.

El Gobierno de Giorgia Meloni sufre castigo para fortalecer la seguridad de la ciudad, siguiendo su lema de «ley y orden», tema identitario de la derecha, para completar su programa electoral. Se están tomando muchas medidas para hacer efectivas las normas contra la ocupación abusiva de propiedades, considerando el bloqueo de carreteras con penas de prisión y el uso de delitos también para quienes cometen fraude contra los alcaldes.

El gobierno ha creado un nuevo servicio para la “gestión ilegal de inmuebles”. La norma está orientada a la transferencia inmediata a los dueños de la casa que se extiende hasta las okupas. “Quien por violencia o amenazas ocupe la posesión sin título de un inmueble destinado a vivienda ajena o impida al dueño o que con plena legitimidad se lo devuelva, será sancionado con la pena de prisión de dos años”.

El bloqueo de carreteras, una práctica cotidiana muy común y castigada con una pena modesta, se considera ahora un delito, siempre que sea realizado por ambientalistas, manifestantes o trabajadores. La pena será de entre seis meses y dos años de prisión, además de varias multas de hasta 1.500 euros.

Duros Castigos

Las defraudaciones o delitos contra mayores de edad se castigarán con la detención preceptiva en flagrante delito, con penas de dos a seis años, y hasta 3.000 euros. Esto se considera un fenómeno alarmante: durante el año, hasta el 31 de agosto, el número de las principales víctimas de las historias realizadas ascendió a 21.924.

Elimina la obligación de realizar la ejecución de la pena para los carteristas con pena robot y que se encuentren avergonzados y sean madres menores de tres años. La medida va en todo. contra los carteristas que utilizan la maternidad como una forma de inmunidad. Hoy, a toda la persona le da vergüenza robar una tarjeta y suspender la sentencia.

El gobierno ha creado un nuevo servicio para la “ocupación ilegal de inmuebles”

Quienes danenen bienes del Estado, casos de grafitis o activistas medioambientales, solicitan una pena de prisión de unos meses a un año, y cuentan con más de 1.500 euros. Se establece otra nueva norma con ejemplos de medidas para ingresos que son orgánicas o tienen revisión celular, con penas de entre 2 y 8 años. También introduce el delito de “plantación de equipos contra terroristas”, penado con pena de prisión de 2 a 6 años. Ejerce supervisión sobre la policía, con varias sanciones contra quienes estén de acuerdo con un agente de policía. Todos los oficiales están autorizados a portar un arma sin licencia, separada del oficial, cuando no están de servicio.

By Rocha Sousa

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