Hungría: Un siglo de organizaciones que denuncian la última intención de Orbán de “intimidar, disuadir y silenciar” a la sociedad civil | Internacional

El gobierno ultraconservador de Viktor Orbán emprendió una lucha contra las potencias extranjeras que aparentemente estaban obligando a prevalecer la sobriedad. Su partido, Fidesz, presentó la semana pasada ante el Parlamento un paquete legislativo para la “defensa de la sobriedad”. El ejecutivo decidió reformar el código penal para condenar a Cassoire a tres años de prisión por financiar actividades políticas exteriores y crear una agencia de defensa de la sobriedad, con numerosas capacidades de investigación. Más de un centenario de organizaciones de la sociedad civil han denunciado este viernes De aquí surge la última intención de Orbán de “intimidar, disuadir y silenciar” las voces críticas.

“Un país donde la gente se siente intimidada porque no representa sus propios intereses y no es una democracia”, afirman las ONG en una declaración conjunta. “Además, insistimos en que en cualquier posición crítica hay intereses ajenos, las autoridades desaprueban a sus propios ciudadanos cuando buscan intimidar, disuadir y silenciar a quienes participan activamente en la vida pública”, insistimos.

Las medidas tomadas contra la sobriedad nacional se han convertido en una prioridad para el ultranacionalista Orbán, que se ha comprometido a lanzar la campaña electoral para las elecciones europeas y municipales de 2024. La propuesta legislativa va más allá de la prohibición de la financiación exterior. Están en vigor políticas para introducir sanciones contra la delincuencia y ampliar el veto a las organizaciones ciudadanas, que son muy activas en las elecciones locales en Hungría. También precedió a la duodécima reforma de la Constitución desde que Orbán asumió el poder en 2010 para incluir, entre otras disposiciones, que “la defensa de la patria es un asunto nacional”. Este otoño el Gobierno ha empapelado Hungría con carteles contra la supuesta intención de influencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y de Alexandre Soros, hijo de su archienemigo, el magnate George Soros, de impulsar una de sus clásicas consultas nacionales.

El gobierno quiere que la nueva oficina de defensa de la sobriedad entre en funcionamiento a partir de febrero de 2024. No tiene poderes disciplinarios, pero también tiene medios para iniciar investigaciones y acceder a cualquier tipo de información sobre partidos políticos, asociaciones de la sociedad civil, periódicos o ciudadanos. , dependiendo de la ONG. Además, puedes hacer recomendaciones en otros casos.

Márta Pardavi, copresidenta del Comité Húngaro de Helsinki, una de las principales organizaciones democráticas y de derechos humanos del país, explicó por teléfono que la nueva autoridad puede iniciar investigaciones cuando considere que determinadas actividades implican por ello un riesgo para la sobriedad nacional. responder a intereses extranjeros. También existe financiación externa que puede interferir en las elecciones o influir en la voluntad de los votantes. Este experto jurídico compara “la arbitrariedad incontrolada de esta oficina” con “los servicios secretos internos que pretenden intimidar, intimidar y difamar a los ciudadanos húngaros” durante la era comunista.

El texto deliberadamente ambiguo de la norma permite otorgar a la dirección de esta agencia todo tipo de actividades, según las ONG. Organizar una conferencia sobre el Estado de derecho o la guerra en Ucrania -las reuniones que tendrán lugar en Budapest con Bruselas-; solicitar una de las subvenciones del Parlamento Europeo para promover la participación en el cómic; organizar debates sobre el Acuerdo Verde europeo o en reuniones con eurodiputados para discutir todo lo que está pasando. La lista de actividades específicas puede ser interminable.

A la comisaria de derechos humanos del Consejo Europeo, Dunja Mijatović, se le dijo este mes que la oficina “brindará al ejecutivo más oportunidades para silenciar y estigmatizar las voces independientes de los opositores”. Zoltan Kovacs, secretario de Estado de Comunicaciones Internacionales del Gobierno húngaro, dedicó un ataque personal a la comisaría del pasado político de su madre y su abuelo y luego respondió en la red social Red X. antes de Twitter: “La ley dista mucho der una herramienta auritaria; Más bien, servir para fortalecer nuestras posiciones clave, garantizar la integridad de los procesos políticos húngaros y la protección contra la intrusión extranjera. En otro post defendiendo el estándar grabado por Péter Márki-Zay, El líder de la mala candidatura durante la oposición en las elecciones de 2022, que no formaba parte de su partido, recibió financiación estadounidense.

Anterior en 2017

El gobierno aprobó una ley en 2017 destinada a controlar la financiación extranjera de las ONG, pero la norma fue suspendida por el procedimiento de infracción iniciado por Bruselas. Stefánia Kapronczay, directora ejecutiva de TASZ, Unión Húngara por las Libertades Civiles, explicó que la propiedad de hoy va más allá porque no sólo cuenta con financiación extranjera, sino también con actividades que interesan a los extranjeros.

Kapronczay y un doble peligro en la actividad de la nueva oficina. “Por lo tanto, es una herramienta de propaganda en la sensación de que no hay definiciones claras, pero puede usarse para etiquetar a organizaciones que consideran que perjudican la sobriedad de Hungría”, afirmó. “También es muy problemático porque la información de que los productos pueden ser utilizados por otras autoridades para causar más daño a organizaciones y ciudadanos”.

La esencia de la ley corresponde a la norma rusa sobre agentes extranjeros. No es de extrañar que el gobierno se “inspire” en él, porque “los ejemplos rusos todavía se utilizan como libro de texto” en Hungría. También dice que “el presidente Vladimir Putin puede tener un discurso sobre la sobriedad de Rusia, y tiene sorprendentes similitudes con el interés del primer ministro Orbán por la sobriedad de Hungría y “Occidente trayendo nuestra sobriedad”.

“La ley viola la Constitución de Hungría y también incluye la legislación de la UE”, afirmaron las organizaciones que apoyan la declaración, que recordaron la ley de 2017 y otras de 2018. “Es un aplastamiento y el acaparamiento no es diferente”, confiesa. La norma hoy es la que pasa por el parlamentario.

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