La diáspora venezolana en España pide a Pedro Sánchez que defienda «los derechos democráticos» de Venezuela

La diáspora venezolana en España pide a Pedro Sánchez que defienda «los derechos democráticos» de Venezuela

Poco le ha durado a los venezolanos exiliados en España la alegría de haber participado en un proceso democrático libre, abierto y transparente, que durante años se le ha negado en su propio país, Venezuela. Nos referimos a las primarias de la oposición convocadas el pasado 22 de octubre para elegir al candidato que se enfrentará a Nicolás Maduro en las presidenciales previstas, tras el acuerdo firmado en Barbados hace diez días por parte de representantes del régimen chavista y la Plataforma Unitaria Democrática, para el segundo semestre de 2024.

Después del triunfo incontestable de la opositora María Corina Machado, que obtuvo más del 92% de los votos, la reacción del Gobierno de Maduro, que en los mencionados acuerdos de Barbados se comprometió a permitir elecciones presidenciales libres a cambio de que le fueran retiradas algunas sanciones por parte de EE.UU., ha sido la de tildar las primarias de «megafraude» y de burla contra sus seguidores, según palabras del propio Nicolás Maduro un día después del proceso, que tuvo lugar en 85 ciudades de 32 países, incluida España.

Dos días después, este miércoles, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, sancionado por la Unión Europea y EE.UU., anunciaba la apertura de una investigación penal por «fraude» contra la Comisión Nacional de Primaria (CNP) por presunta usurpación de la función electoral y de identidad, además de legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Hay que señalar que las internas de la oposición fueron autogestionadas y no contaron con la asistencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) -para evitar la injerencia chavista-, que después de meses de evasivas propuso posponer las primarias un mes para poder organizarlas, algo que no aceptó la oposición.

Carta abierta al Gobierno de España

La acción de la Fiscalía venezolana ha sido contestada desde distintos sectores, uno de ellos ha sido la diáspora venezolana que vive en España, que ha instando al Gobierno de Pedro Sánchez, a través de una carta abierta, a garantizar «los derechos y libertades democráticas del pueblo venezolano, así como a asumir un compromiso en la protección de estos derechos y libertades democráticos recogidos en el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos».

El texto, promovido por casi una veintena de asociaciones y organizaciones venezolanas, denuncia que las acusaciones de la Fiscalía contra la CNP -y posiblemente contra los diferentes comités regionales y locales que han participado en la organización- «constituyen una vulneración directa a los derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela». Según la carta magna venezolana, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas (artículo 62). Asimismo, tienen derecho a asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección (artículo 67). «Sus organismos de dirección y sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus integrantes», explican las asociaciones en la carta abierta.

La acusaciones de la Fiscalía de Venezuela «constituyen una vulneración directa a los derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela»

A lo largo del texto, los firmantes quieren dejar constancia de la transparencia en el proceso de primarias celebradas el pasado domingo, para las que se constituyó un órgano de la sociedad civil para regular el proceso; se llevaron a cabo de forma totalmente autogestionada por actores civiles voluntarios y políticos, y no existían restricciones de militancia en partido político para participar, desvinculando así de un proceso de elecciones internos de partidos políticos.

«En este sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 293.6 establece que, si bien el poder electoral tiene funciones de organizar procesos electorales, en el caso de procesos de la sociedad civil estos cobran un carácter opcional al dejar la potestad a solicitud de dichas organizaciones, no incurriendo estas en ningún hecho delictivo por la no participación del órgano electoral», subrayan, refiriéndose a la no participación del CNE.

Persecución

Tras expresar su «firme preocupación por lo que parece convertirse en una persecución del derecho al sufragio y a la libertad de elegir a sus representantes del pueblo venezolano», los firmantes hacen una serie de peticiones al Gobierno español, como la de «defender el derecho al sufragio universal y libre como la máxima herramienta democrática del pueblo», así como la de trasladar a las instituciones europeas, en el marco de la presidencia española de la Unión Europea, «la más alta preocupación por la vulneración de derechos democráticos básicos cómo la libertad de asociación, la libertad de elegir representantes y el derecho al voto».

En el último punto, piden al Gobierno de Sánchez que inste al Estado venezolano «al cabal cumplimiento de los acuerdos establecidos en Barbados, incluido el respeto y reconocimiento del derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos«.

Los firmantes piden al Gobierno de Sánchez que inste al Ejecutivo venezolano «al cabal cumplimiento de los acuerdos establecidos en Barbados»

Esta misma semana, un día después de la celebración de las primarias y una semana después de la firma de los acuerdos de Barbados, que llevaron al inmediato levantamiento temporal de algunas sanciones por parte de EE.UU. y a la liberación de cinco presos políticos por parte del Gobierno de Maduro, España propuso a la UE «la revisión de las sanciones de la Unión Europea a Venezuela en línea con las recientes decisiones de Estados Unidos en ese sentido y vista la evolución positiva del diálogo entre venezolanos».

Para gran parte de la oposición venezolana, España juega un papel importante en la mediación para lograr la democratización del país. Así lo manifestaba a ABC el pasado domingo el líder opositor, expreso político, Leopoldo López, pocos minutos antes de votar en Madrid, donde vive exiliado, en las primarias. «Necesitamos el apoyo decidido de Europa y, particularmente, de España, que tiene una voz con mucho peso con respecto a la posición del resto de Europa. Esperamos que todo esto pueda ser registrado como la voluntad de los venezolanos. Aquí no puede haber una política distinta a la de respetar la voluntad de los venezolanos que se están expresando en el día de hoy», subrayó.

Venezuela ocupa el último lugar del Índice de Estado de Derecho 2023 realizado por la organización World Justice Proyect, incluso por debajo de naciones como Zimbabue, Camboya y Nicaragua, según recoge ‘El Nacional’. En el estudio, que califica varias factores en el sistema de justicia de cada país, Venezuela ha ocupado el último lugar desde el año 2015.

By Rocha Sousa

You May Also Like