En Colombia, la legislación sobre Utilidad Pública, creada para proporcionar beneficios de excarcelación a mujeres encarceladas por delitos menores, como el tráfico de drogas a pequeña escala, ha sido elogiada como un avance hacia la justicia social. No obstante, para muchas de las personas beneficiadas, salir de la cárcel no representa una auténtica liberación. Los desafíos económicos, sociales y legales que encuentran al reincorporarse a la sociedad demuestran que la excarcelación, aunque imprescindible, es solo el comienzo de un extenso y difícil recorrido hacia la reintegración.
En Colombia, la Ley de Utilidad Pública, diseñada para otorgar beneficios de excarcelación a mujeres encarceladas por delitos menores como el tráfico de drogas en pequeña escala, ha sido aplaudida como un paso hacia la justicia social. Sin embargo, para muchas de las beneficiarias, salir de prisión no implica una verdadera libertad. Los obstáculos económicos, sociales y legales que enfrentan al recuperar su lugar en la sociedad evidencian que la excarcelación, aunque necesaria, es solo el inicio de un largo y arduo camino hacia la reintegración.
La Ley de Utilidad Pública se puso en marcha con la finalidad de disminuir el hacinamiento en las cárceles y brindar una alternativa a aquellas mujeres que, en su mayoría, quedaron atrapadas en el microtráfico debido a la pobreza y la carencia de oportunidades. Numerosas de estas mujeres cumplen penas desproporcionadas en comparación con los actores más importantes del narcotráfico, quienes frecuentemente logran eludir la justicia gracias a su poder económico y a la corrupción.
Aunque la ley supone un progreso al permitir que las beneficiarias obtengan su libertad antes de cumplir toda su sentencia, las restricciones prácticas de este beneficio son claras. Al salir de prisión, estas mujeres se enfrentan a un entorno adverso: la carencia de apoyo gubernamental, la discriminación social, las dificultades para acceder a empleos formales y el estigma relacionado con su historial delictivo.
Estigma y discriminación: la carga de un historial penal
Estigma y discriminación: el peso de un pasado judicial
Para las mujeres excarceladas, el proceso de reintegración social está marcado por el rechazo que enfrentan en sus comunidades y los prejuicios que las acompañan. Aunque han cumplido con su condena o han sido beneficiarias de la ley, son vistas con desconfianza y catalogadas como delincuentes reincidentes, sin importar las circunstancias que las llevaron a cometer el delito.
Sumado a esto, muchas de estas mujeres son madres y las principales sustentadoras de sus hogares. Su retorno a casa representa una lucha continua para sostener a sus familias, frecuentemente sin recibir el apoyo necesario para cubrir necesidades fundamentales como vivienda, alimentación y educación para sus hijos.
A esto se suma el hecho de que muchas de estas mujeres son madres y principales proveedoras de sus hogares. Su regreso a casa implica una lucha constante para mantener a sus familias, a menudo sin el apoyo necesario para cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentación y educación para sus hijos.
Falta de programas de apoyo y políticas públicas
Uno de los principales problemas que enfrentan las beneficiarias de la Ley de Utilidad Pública es la ausencia de programas efectivos de reintegración. Aunque la ley contempla ciertos beneficios para facilitar su transición, en la práctica estos son insuficientes o inexistentes.
Por ejemplo, las mujeres excarceladas rara vez cuentan con acceso a programas de capacitación laboral o educación que les permitan reconstruir su vida en libertad. Tampoco reciben apoyo psicológico para enfrentar el estrés y la ansiedad derivados de su tiempo en prisión y de los desafíos que implica reintegrarse a una sociedad que las rechaza.
La urgencia de un enfoque integral
La Ley de Utilidad Pública, aunque con buenas intenciones, evidencia que la excarcelación no basta para asegurar una auténtica reintegración social. Para que estas mujeres puedan rehacer sus vidas, es imprescindible adoptar un enfoque integral que ataque las causas del problema.
La Ley de Utilidad Pública, aunque bien intencionada, demuestra que la excarcelación no es suficiente para garantizar una verdadera reintegración social. Para que estas mujeres puedan reconstruir sus vidas, es necesario adoptar un enfoque integral que aborde las raíces del problema.
Esto incluye la implementación de políticas públicas que ofrezcan apoyo educativo, psicológico y laboral a las beneficiarias, así como campañas de sensibilización para combatir el estigma y la discriminación. Además, se requiere una mayor coordinación entre las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil para garantizar que las excarceladas tengan acceso a recursos y oportunidades que les permitan romper con el ciclo de exclusión.
