IGuatemala rara vez ocupa el frente de las noticias internacionales, es un eufemismo. Incluso en el apogeo de lo que la ONU ha llamado “actos de genocidio”, perpetrado en la década de 1980 contra la población maya, la atención prestada en Europa a este país -el más poblado de Centroamérica- ha quedado muy por debajo de la reservada a Chile, por ejemplo, del que no falta memoria, el 11 de septiembre de 2023, los cincuenta años del golpe de Estado del general Augusto Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende. Cuando se trata de Guatemala, ¿quién tiene todavía en mente una fecha trágica o un nombre mítico?
Hoy, el país atraviesa un importante proceso electoral: presidencial, legislativo, municipal y centroamericano. La primera ronda tuvo lugar el 25 de junio, la segunda está programada para el 20 de agosto. Como es habitual, en esta democracia de fachada, la propia celebración de estas elecciones plantea un problema. Reglas defectuosas, candidaturas bloqueadas por la casta gobernante, registros de votantes dudosos, participación electoral irregular, campañas de compra de votos, conteos de influencia y más.
A esto se suma este año la suspensión de los resultados de la primera vuelta, decretada a principios de julio por la Corte Constitucional en respuesta a su toma por parte de nueve partidos de derecha, preocupados por el acceso a la segunda vuelta del candidato progresista Bernardo Arévalo, al que no habían visto venir.
Estas elecciones generales son las décimas desde el retorno del poder civil en 1985. Marcadores de voluntad política récord, las nueve anteriores han producido presidentes de nueve partidos diferentes, pero invariablemente apoyados por uno u otro sector de la oligarquía nacional y las fuerzas armadas. Cada uno ha asegurado, salvo algunas inflexiones, la continuidad conservadora y ultraliberal de las políticas nacionales y la ausencia de opciones de cambio, arruinando hasta ahora el sentido verdaderamente democrático de “alternancias” electorales.
Demasiado entusiasta
El “pacto de los corruptos” es como las organizaciones sociales guatemaltecas califican la colusión de intereses económicos, políticos y militares que ocupan la cabeza del “Estado botín” y aseguran la impunidad de sus crímenes mediante la depuración de las instituciones judiciales. Las irregularidades son tan visibles, los vínculos con el crimen organizado tan innegables, que la propia comunidad internacional expresa regularmente sus serias preocupaciones. A cambio, el gobierno guatemalteco supera en exceso de celo a Washington, a veces al ser el segundo país del mundo en trasladar su embajada a Jerusalén, a veces al ser el único estado latinoamericano en enviar a su presidente a Kiev para reafirmar allí su apoyo.
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