El presidente Gustavo Petro ofreció una alocución nacional en la que abordó dos de los pilares de su agenda gubernamental: la salud y la educación. Durante su intervención, hizo un balance de su gestión en ambos sectores y presentó nuevas medidas con las que busca avanzar en sus reformas estructurales, pese a los obstáculos legislativos que han frenado su implementación en el Congreso.
En el caso de la salud, el mandatario reiteró su crítica al modelo de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), al que calificó de ineficiente, corrupto y financieramente insostenible. Citó datos de la Contraloría General según los cuales 29 EPS acumulan deudas que superan los 30 billones de pesos, con apenas seis entidades cumpliendo los requisitos mínimos de solvencia. Según el presidente, este déficit no solo pone en riesgo la sostenibilidad del sistema, sino que afecta directamente la calidad de la atención que reciben los ciudadanos.
Con este contexto, Petro comunicó que su administración procederá con la reforma del sistema de salud a través de un decreto que incorpora muchos de los elementos de la reforma fallida que no se aprobó en el Congreso. La regulación vigente suprime la función de aseguramiento de las EPS y sugiere su transformación en Gestoras de Salud y Vida, organizaciones que no manejarán recursos y deberán enfocarse en coordinar servicios y apoyar a los pacientes.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la creación de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), que estarán distribuidos territorialmente y operarán bajo un enfoque preventivo y comunitario. El presidente defendió que esta transformación se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo y que cuenta con respaldo legal para su ejecución, aunque sectores de la oposición y algunos constitucionalistas han advertido que podría vulnerar el principio de separación de poderes y el rol deliberativo del Congreso.
En su intervención, Petro no se contuvo en lanzar críticas hacia los sectores privados del sistema de salud, enfocándose especialmente en consorcios empresariales internacionales que, según su opinión, se han beneficiado con fondos públicos perjudicando la salud de los ciudadanos colombianos. Los señalamientos más contundentes estuvieron dirigidos a una famosa EPS con inversión extranjera, a la cual acusó de operar con mecanismos que él juzgó como ilegales. Estas declaraciones generaron intensas reacciones del sector salud, el cual rechazó las acusaciones y alertó sobre una potencial politización en la discusión sanitaria.
En el terreno educativo, el jefe de Estado destacó la ampliación de la cobertura en la educación superior pública, anunciando la creación de 155 mil nuevos cupos universitarios. Afirmó que su gobierno ha hecho una apuesta decidida por fortalecer la educación pública gratuita y de calidad, y descartó la posibilidad de destinar recursos estatales para financiar matrículas en instituciones privadas, decisión que justificó con la necesidad de priorizar el fortalecimiento del sistema oficial.
Petro también se refirió a exministros de Educación de su propio gobierno, señalando que algunos no compartieron la visión progresista que, según dijo, orienta su proyecto. Esta autocrítica dejó entrever tensiones internas dentro del Ejecutivo, pero reafirmó su compromiso con la gratuidad educativa como una política estructural para reducir la desigualdad social.
Las reacciones a la alocución no se hicieron esperar. Voceros de las EPS y expertos en salud pública calificaron los señalamientos presidenciales como imprecisos y afirmaron que el verdadero problema del sistema radica en un déficit estructural de financiación más que en actos de corrupción. También advirtieron que los cambios propuestos podrían generar un colapso operativo si no se implementan con una planificación adecuada.
En el escenario político, los grupos opositores expresaron inquietud por el enfoque unilateral adoptado por el gobierno respecto a las reformas, particularmente en un contexto de división y fragilidad de la coalición gobernante en el Congreso. No obstante, el Ejecutivo defiende que actuar mediante decretos es una respuesta justificada frente a la parálisis institucional y la necesidad apremiante de abordar las demandas de millones de personas.
La intervención de Gustavo Petro representa un momento de cambio en su administración. Ante la dificultad de progresar en el Congreso, el mandatario decide ejercer un liderazgo directo desde el Ejecutivo, enfocándose en iniciativas de gran repercusión que pretenden influir significativamente en los sectores sociales más vulnerables. Habrá que observar si su táctica conseguirá afianzarse sin generar nuevas divisiones en el balance de poderes y en el sistema democrático de Colombia.
