Laura Sarabia, una de las figuras más cercanas al presidente colombiano Gustavo Petro, presentó su renuncia como ministra de Relaciones Exteriores luego de una trayectoria política breve pero intensa, en la que ocupó cuatro cargos estratégicos dentro del actual gobierno. Su salida del Ministerio se produjo tras varios desacuerdos con la Casa de Nariño y luego de una serie de episodios que generaron gran controversia pública y tensiones internas en el Ejecutivo.
Sarabia, una politóloga de 31 años originaria de Bogotá y proveniente de una familia de clase media, llegó a ser la canciller de menor edad en la historia del país. Su dimisión se confirmó a través de una carta difundida en redes sociales, en la cual manifestó su disconformidad con ciertas decisiones recientes del gobierno y sugirió un alejamiento paulatino del presidente.
La exministra mencionó que en días recientes se implementaron acciones con las que no estaba de acuerdo, lo cual la llevó a dimitir por «consistencia personal y respeto institucional». Una de las desavenencias más notables fue el debate sobre el trámite de expedición de pasaportes, que desde septiembre será gestionado por una entidad pública colombiana en cooperación con un aliado internacional. Sarabia veía esta decisión como arriesgada debido a la carencia de preparación técnica del nuevo sistema.
Previo a su paso por la Cancillería, Sarabia había ocupado varios cargos de alta responsabilidad. Fue jefa del Despacho Presidencial, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y responsable del Departamento de Prosperidad Social. Su ascenso en el gobierno fue meteórico, pasando de ser asesora de un senador al corazón del Ejecutivo. En campaña electoral, fue considerada una pieza fundamental en la estrategia de Petro, quien ha elogiado públicamente su disciplina, capacidad organizativa y lealtad.
Sin embargo, su paso por la administración no estuvo exento de polémicas. El episodio más grave fue conocido como el “niñeragate”, un escándalo que estalló tras revelaciones sobre la presunta aplicación de un polígrafo ilegal a la niñera de su hijo, dentro de la sede presidencial. Posteriormente, se supo que tanto esta trabajadora doméstica como otra empleada fueron objeto de interceptaciones telefónicas irregulares por parte de miembros de la Policía Nacional. Por estos hechos, dos agentes fueron condenados judicialmente.
El escándalo provocó su primera salida del gobierno, pero Sarabia regresó al poco tiempo en otro rol clave. Durante esa etapa, además, se difundieron audios de conversaciones con su antiguo jefe político, el actual ministro del Interior, en los que se evidenciaban tensiones y acusaciones cruzadas. Meses más tarde, la exfuncionaria denunció a este ministro ante la Fiscalía por violencia verbal y de género, profundizando aún más la fractura interna.
Su presencia en el gabinete fue cuestionada por algunos sectores, no solo por los escándalos, sino también por su estilo de liderazgo, considerado por algunos colegas como centralizador y excluyente. Altas funcionarias del gobierno manifestaron públicamente desacuerdos con su forma de ejercer el poder, acusándola incluso de bloquear el acceso al presidente a otros miembros del Ejecutivo.
La llegada de Sarabia al Ministerio de Relaciones Exteriores se interpretó como un intento del presidente por otorgarle una función con mayor visibilidad internacional, pero que la alejara de la gestión interna directa. Durante su breve gestión, impulsó relaciones bilaterales, promovió encuentros diplomáticos de alto nivel y participó en foros multilaterales. Sin embargo, su paso fue fugaz: apenas cinco meses después de asumir el cargo, decidió dar un paso al costado.
A pesar de las controversias que rodearon su figura, Sarabia demostró una capacidad singular para ocupar espacios de poder en un entorno político altamente volátil. Su futuro político es incierto, aunque es considerada por analistas como una figura que podría regresar al escenario nacional, ya sea en el Ejecutivo o desde otro rol de influencia.
Su renuncia marca el final de un ciclo y profundiza el debate sobre la conducción interna del gobierno, el peso de las decisiones personales en la gestión pública y los límites de la lealtad en el ejercicio del poder. En medio de un clima de creciente tensión dentro del oficialismo, la salida de una de las funcionarias más cercanas al presidente deja al descubierto las fracturas internas y las dificultades para mantener la cohesión en el equipo de gobierno.
